El presidente Javier Milei ha desatado una controversia monumental al anunciar la deportación inminente de 109 extranjeros que hicieron trampa en el examen de residencias médicas en Argentina. Esta medida radical surge tras la revelación de un fraude masivo, donde un grupo de aspirantes, en su mayoría extranjeros, obtuvieron puntajes extraordinariamente altos en la primera prueba, solo para caer estrepitosamente en la segunda.

Los resultados de la re-evaluación son alarmantes: muchos de estos individuos, que inicialmente lograron calificaciones de 90 o más, fueron incapaces de superar los 30 puntos en la segunda oportunidad. Este escándalo ha llevado al gobierno a actuar con rapidez, identificando un patrón de deshonestidad que pone en riesgo la salud pública. “Esto no es un juego, es la salud de la gente”, enfatizó Milei, subrayando la gravedad de permitir que personas no calificadas accedan a puestos médicos críticos.

El gobierno ahora cotejará los datos de entrada de estos extranjeros, buscando inconsistencias en sus declaraciones migratorias. La estrategia es clara: aquellos que mintieron para ingresar al país enfrentan la deportación inmediata, sin necesidad de un proceso judicial. Esta decisión se produce en un contexto donde la salud de los ciudadanos argentinos está en juego, y Milei no está dispuesto a comprometer el mérito y la idoneidad en el ámbito médico.

Las reacciones no se han hecho esperar. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han calificado la medida de xenófoba, pero el presidente se mantiene firme en su postura. “No se puede permitir que el fraude ponga en riesgo vidas humanas”, afirmó. La situación es tensa y el país está en vilo, a la espera de más noticias mientras el gobierno refuerza su compromiso con la integridad en el sector salud. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué pasará con aquellos que ya están ejerciendo sin la debida calificación? La respuesta podría ser aún más impactante.